VALPARAÍSO – La Fiscalía Regional de Valparaíso ha confirmado la apertura de una investigación penal contra la actual senadora Camila Flores, tras revelarse antecedentes que la vinculan con un presunto fraude al Fisco con carácter reiterado. Según una investigación de Reportajes T13, el monto defraudado podría ascender a los $300 millones.
La denuncia, que ingresó de forma anónima al Ministerio Público, describe un sistema de recaudación informal que operaba al interior del equipo de la parlamentaria desde el año 2018, época en la que se desempeñaba como diputada por el Distrito 6.
El mecanismo de la «Cuota Flores»
De acuerdo con los antecedentes de la carpeta investigativa, el esquema —apodado internamente como la «cuota Flores»— consistía en una exigencia sistemática hacia los asesores contratados con cargo a asignaciones parlamentarias. Los trabajadores debían retirar parte de sus remuneraciones mensuales en efectivo para entregarlas directamente a la legisladora.
La indagatoria sostiene que estos fondos no pasaban por transferencias bancarias ni registros contables, sino que eran utilizados para cubrir gastos personales de la senadora, eludiendo así los controles financieros del Congreso Nacional.
Pruebas clave y rol del CDE
El Ministerio Público cuenta con diversos elementos probatorios para sustentar la causa:
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Testimonios: Al menos un testigo reservado habría entregado detalles sobre la presión ejercida para el retorno de los sueldos.
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Evidencia digital: Registros de mensajes de WhatsApp que darían cuenta de las coordinaciones para la entrega del dinero.
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Acción del CDE: Los antecedentes ya fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que evalúa presentar una querella criminal para resguardar el patrimonio fiscal.
Reacciones
Desde el entorno de la senadora no se ha emitido una declaración formal detallada respecto a la cifra de $300 millones, aunque el caso ha provocado un terremoto político en el Congreso. De avanzar la investigación hacia una formalización, la Fiscalía podría solicitar el desafuero de la parlamentaria ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Por ahora, las diligencias continúan bajo reserva, mientras se espera que otros excolaboradores de la oficina parlamentaria sean citados a declarar en calidad de testigos o posibles víctimas de este esquema de exacción.
